En este artículo, Alejandro Landoni, autor del Blog sobre pedagogía "La nave de Teseo", reflexiona sobre algunos escenarios posibles para pensar las problemáticas que enfrentaremos en 2021.
Según la UNESCO (2020) las políticas implementadas a partir del COVID-19 han causado la mayor interrupción masiva de la educación en la historia. Durante su pico en abril de 2020, más de 190 países decretaron la suspensión de clases presenciales, lo que derivó en que el 90% de los estudiantes (más de 1.500 millones) no asistan a la escuela durante una parte importante del año. En Argentina alrededor de 10 millones de estudiantes solo tuvieron dos semanas en el año de clases presenciales. Este escenario impensado hace un año trae consigo múltiples problemas.
Tal como se esperaba, la desigualdad se convirtió en un factor aún más determinante durante la pandemia. Hace unas semanas se presentó el informe preliminar de la Encuesta a docentes del Proceso de Continuidad Pedagógica. La misma muestra que la barrera tecnológica fue la principal dificultad para la comunicación de docentes y estudiantes.
Según datos oficiales, 3 de cada 10 de hogares no tiene acceso fijo a Internet: 27% accede solo por celular y 3% no tiene internet de ningún tipo. El 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. No se sabe con seguridad, pero una gran cantidad de estudiantes están desconectados y no logran conectarse con sus docentes. La crisis actual encontró al sistema educativo con la guardia baja. En un escenario que prevee menores recursos, la educación presenta más necesidades. Para orientar mejor los recursos educativos es necesario saber cuáles son las necesidades más urgentes. No tenerlas en cuenta puede dejar a la educación pública en terapia intensiva.
No hay muchas certezas sobre el regreso a la presencialidad, pero lo que sí tenemos en claro es que será en forma escalonada. Lo que convertirá a las vacantes escolares en un bien escaso. Habrá que invertir en infraestructura escolar para adecuar las instalaciones de modo de garantizar la mayor recepción de estudiantes con condiciones sanitarias que eviten los contagios masivos. Adecuación de espacios, ampliación de establecimientos y sobre todo criterios claros para definir a quiénes vamos a priorizar para que retornen primero.
El déficit en tecnología y recursos digitales se hizo evidente a medida que los países fueron declarando el cierre de sus escuelas. La crisis puso en evidencia la carencia de dispositivos y acceso a internet por parte de los hogares de menores recursos.
Habrá una gran “competencia” por los ya mermados recursos públicos. Se vuelve urgente criterios de justicia que prioricen la redistribución de recursos de modo que no se agranden las brechas sociales, impidiendo que las clases favorecidas ejerzan (como lo vienen haciendo) una captura de la decisión pública (Castellani, 2018).
Sea por el cierre de escuelas o por el empobrecimiento de las familias, habrá una demanda inesperada de vacantes en escuelas públicas por los alumnos que se pasen del circuito privado al estatal.
Contagioso pero asintomático: la migración de estudiantes de la educación privada a la pública.
La ciudad de Buenos Aires no es ajena a esta situación. La alta tasa de privatización de la matrícula (50%, la más elevada del país) incuba un problema que puede explotar el año próximo. Muchas instituciones de educación privada están al borde de cerrar, si no es que no lo hicieron ya. La drástica reducción de ingresos por la falta de pago de las familias trae dificultades para pagar a los docentes y afrontar los gastos cotidianos. Por el lado de la demanda, su matrícula puede verse afectada una vez que vuelvan a abrir, ya que millones de familias han sufrido la crisis económica y no podrán pagar las cuotas. En relación a la primera infancia la situación es aún más crítica, dado el rol significativo que las instituciones privadas tienen en su cobertura. Esto no es un fenómeno aislado. En diversos países del continente, como México, Perú, Chile o Ecuador se reportan situaciones similares.
Los gobiernos deberían recopilar rápidamente datos sobre los posibles impactos del cierre de escuelas privadas en el sector educativo y considerar qué respuesta política sería la más adecuada para su contexto.
Si bien algunos datos nos permiten anticipar esta migración, ante la imposibilidad legal de las escuelas privadas de revocar matrícula por falta de pago, los problemas alrededor de la escasez de vacantes en las escuelas estatales (o en las escuelas privadas de menor precio) se habrán de observar en el inicio del ciclo lectivo 2021.
El problema por ahora es contagioso pero asintomático. Dicen que se puede predecir todo menos el futuro. Quizás esta migración no termine ocurriendo. O quizás sea absorbida por el mismo sistema educativo privado. Sea cual sea el caso para que a la política pública no la agarre desprevenida esta problemática nos animamos a pensar cuatro posibles tratamientos en caso de que ocurra esta migración.
Escenarios posibles
¿Qué pasará con las escuelas privadas que deban cerrar debido a que perdieron más del 70% de recaudación? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con los estudiantes que migren de la gestión privada a la pública, ya sea porque sus escuelas cerraron o porque sus familias ya no puedan pagar? En definitiva, ¿se saturará el sistema público al absorber esa matrícula? Frente a esta disyuntiva se abren varias opciones:
1) No hacer nada:
A mi entender inviable
El gobierno podría optar por no intervenir en la crisis que atraviesan los colegios privados. De este modo muchas escuelas cerrarían. Como consecuencias habría una fuerte migración de estudiantes hacia las escuelas públicas, que en algunos casos puede llevar a aulas saturadas, una disputa por las vacantes y tensión sobre el financiamiento.
2) Subsidiar la demanda.
En mi opinión, la más injusta.
Otra opción es que el gobierno en vez de subsidiar a las escuelas, le otorgue directamente recursos a las familias para que sostengan a sus hijos en la escuela privada y no saturen la pública. Una especie de sistema de vouchers o de subsidio a la demanda. En esta línea se enmarca el proyecto que presentó por estos días el diputado Yacobitti que propone descontar de ganancias los gastos destinados a educación. El mismo puede ser cuestionable en varios aspectos. Pensemos que el rango salarial de quienes pagan ganancias es de personas que envían a sus hijos a escuelas privadas subvencionadas. El proyecto implica aumentar, indirectamente, el presupuesto de la educación privada y desfinanciar a la educación pública por una reducción en la recaudación. En definitiva, es un proyecto regresivo. Beneficia a las instituciones privadas y a quienes más ingresos tienen.
No sorprende la idea, sabiendo que viene de Emiliano Yacobitti, ahijado político del “Coti” Nosiglia y mano financiera de Martín Lousteau.
3) Rescate:
La que creo más probable
Una tercera vía es que el gobierno de la ciudad “rescate” a las escuelas privadas que corran peligro de cerrar. Se trataría de este modo de otro subsidio que se sumaría al que ya recibe la mayoría de los colegios privados de la jurisdicción. La discusión que surgiría, llegado el caso, es por qué aumentar la ayuda al sector privado en vez de priorizar el estatal, aún más necesitado de inversión.
Esta opción acepta varios matices:
En primer lugar se podría rescatar únicamente a las no subvencionadas o a aquellas que cobren una cuota simbólica.
Otra opción sería la cesión de créditos blandos a las instituciones. Sería una salida menos conflictiva a la crisis, aunque, aún con esa flexibilidad, es posible que varios establecimientos deban cerrar.
Si bien algunas de estas instituciones fueron incluidas en el ATP para el pago de salarios, se reportan casos de dificultades para el acceso y demoras o imposibilidad de cobrarlos. La Ciudad de Buenos Aires avanzó en esta línea al anunciar $150 millones para 180 jardines maternales privados con el programa Apoyo económico para la primera infancia.
4) Estatizarlas
La que más me agrada.
Todas las escuelas de la Ciudad pertenecen al rango de escuelas públicas de gestión privada. Además, en forma de subsidios el Estado tiene cierta participación en su mantenimiento. Por lo tanto una opción sería estatizar todas aquellas que cierren o que despidan a su personal. De este modo se solucionaría la paradoja. La gran mayoría de los establecimientos en crisis son jardines maternales, establecimientos en donde el Estado tiene una oferta muy baja. Estatizar estas instituciones no solo está avalado por la ley de expropiaciones 238 de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además solucionaría un histórico problema de infraestructura en el nivel inicial.
El financiamiento educativo post-pandemia
Sea cual sea el escenario, cualquiera de las políticas que lleve a cabo el gobierno va a requerir financiamiento. En tiempo de recursos escasos y arcas estatales semi-vacías, una pregunta se vuelve clave para pensar las políticas educativas: ¿Quién va a pagar la cuenta? Para pensar esta cuestión hace falta, ante todo, organizar y transparentar el cálculo que sostiene la mixtura de nuestro sistema.
Como mencionamos anteriormente, según cifras oficiales actualmente, los estudiantes de escuelas privadas en la Ciudad representan el 50% del total mientras que en el resto del país el número promedio es de un 20%. A su vez, la mayor parte de los establecimientos privados de los niveles obligatorios de la CABA recibe algún tipo de subsidio estatal (71,2%).
Morduchowicz, Alejandro (2020) Fuente: Establecimientos con y sin subsidio estatal por nivel educativo. Año 2018. En %.
Por lo tanto, una considerable parte del presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires está destinado a subsidiar escuelas de gestión privada. Cifra que crece año tras año. Estos subsidios cuentan con un marco normativo que los apoya. Por un lado el art. 65 de la ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que “La asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca”. A su vez, de acuerdo al art. 25 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, “La Ciudad puede realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley, dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos”.
De este modo no solo el Estado habilita la educación privada, sino que la incentiva mediante el otorgamiento de subsidios (que, claro está, provienen de los impuestos). En este sentido, el sistema de transferencias estatales al sector privado cobra significatividad a lo largo del tiempo como un mecanismo estatal institucionalizado que habilita la salida de las escuelas públicas gratuitas.
La normativa nos dispara algunas preguntas que tendremos que investigar: ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué porcentaje del presupuesto representan estos subsidios? ¿Cumple el gobierno con los criterios objetivos de justicia social para distribuir los subsidios? ¿Cuáles serían los criterios de justicia social? ¿Son públicos? ¿Se actualizan año a año? ¿Quiénes los discuten? ¿Hay transparencia en estas discusiones? ¿Priorizan a los estudiantes de menores recursos? si no es así, ¿cuál es el criterio para asignar estos recursos?
Haciendo números podemos ver que en el año 2017 lo destinado a las escuelas privadas representó un 31,7% de lo destinado a la misma dirección de escuelas estatales. Este porcentaje se eleva al 35,7% tan solo tres años después. Si comparamos con el total del presupuesto educativo, y con el presupuesto total de la Ciudad, observamos que los subsidios tienen a crecer tanto en su valor nominal como real.
Queda por saber lo importante ¿cumple el gobierno con los criterios objetivos de justicia social para distribuir los subsidios?, ¿Prioriza a los estudiantes de menores recursos? La respuesta es no. Vamos a ver por qué.
Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, 2011) sólo la mitad del aporte estatal a escuelas de gestión privada se asigna a las escuelas que reciben el 100% de aporte, que son gratuitas o cobran una cuota simbólica. El distrito que menos subsidios recibe es el 21 (Villa Lugano, que a su vez es el que presenta un mayor índice de necesidades básicas insatisfechas).
Según los últimos datos brindados por el GCBA entre los colegios que más subsidios reciben encontramos casos de algunos que cobran cuotas de alto valor. Veamos algunos ejemplos.
Para empezar, el instituto Martin Buber cobra cuotas de alrededor de $23 mil más otros gastos anuales de $25 mil y recibe todos los meses un subsidio del 40% por parte del Estado. Según pudimos averiguar, esa escuela no recibe a les estudiantes de menores recursos. .
En mi barrio está el Canada School que recibe un subsidio mensual proveniente de nuestros impuestos del 40% de la cuota. Esto es llamativo porque considerando que les cobra a las familias cuotas cercanas a los $20.000 mensuales más otros gastos anuales de alrededor de $35.000, podríamos pensar que quienes mandan a sus hijos ahí no tienen dificultades económicas.
En el barrio de Las Cañitas está ubicado el colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y les cobra una cuota mensual de $18 mil a sus estudiantes más otros gastos anuales de $40 mil. Hasta acá todo bien, pero es por lo menos curioso que pese a esto se apropie de parte del presupuesto educativo recibiendo un 40% de subsidio. Sorprende también que todavía no haya habido organización por parte de las familias pidiendo salirse de ese subsidio, considerando que se vienen "tiempos difíciles" y que hay que "pagar las cosas por lo que valen".
El colegio Colegio Hans Christian Andersen se encuentra en el barrio de Belgrano. Su alta cuota (que rodea los $15 mil más $33 mil en gastos anuales) sumado a su excesiva rigurosidad para la selección del personal docente y de su alumnado hace que sea un colegio "exclusivo" (y excluyente). Al parecer sus autoridades no le dan mucha importancia a las leyes porque omitieron alevosamente la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley de Educación Nacional al aceptar subsidios del 60% de la cuota.
Todos estos casos son la regla y no la excepción. Revisando las partidas presupuestarias de todos los colegios privados nos vamos a encontrar con una gran cantidad de casos como estos presentes en todos los barrios de la ciudad.
Si acudimos a los números, nos vamos a encontrar con que el Estado desinvierte en educación pública para garantizar la rentabilidad de lo que es realmente el negocio de la educación privada, donde tanto individuos como instituciones y la misma Iglesia se apropian de parte del Presupuesto de la Ciudad para beneficio propio. Esta política de subsidios a la educación de gestión privada contribuye a profundizar desigualdades educativas entre los sectores más pobres y ricos de la ciudad.
En términos de financiamiento al sector privado, diversas investigaciones (Rivas, 2010; ACIJ, 2011; Morduchowicz e Iglesias, 2011; Narodowski, Moschetti y Gottau, 2017) denuncian problemas de arbitrariedad y eficiencia: por un lado, la designación de subsidios no utiliza los mecanismos habituales del Estado, como los concursos y licitaciones; por otro como ya vimos, algunos establecimientos con alumnos del sector de mayor poder adquisitivo reciben altos aportes estatales. La pospandemia es una oportunidad para establecer criterios objetivos de asignación presupuestaria, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional, lo que podría generar una distribución del presupuesto de un modo más justo.
La escuela pública: un lugar de construcción de la democracia
Antes de buscar financiamiento externo hay que ordenar la casa. Revisar la política de subsidios cobrará una vital importancia a la hora de reconstruir la educación después de la pandemia.
El futuro de la Argentina demanda un encuentro entre los diferentes, distintos entre sí por sus orígenes sociales, sus realidades cotidianas, sus necesidades, y sus visiones del mundo. El lugar perfecto para este encuentro es una escuela pública que no le cierre las puertas a nadie.
La pandemia puede ser una oportunidad para volver a poner las cuentas en orden y recuperar a la escuela pública como lugar de construcción de democracia en donde nos encontremos con personas diferentes a nosotros. Discutimos mucho estos meses sobre lo que la escuela “no es” (un bar, una plaza, un cyber, etc.) pongámonos de acuerdo entre tod@s para pensar lo que la escuela “puede llegar a ser” en un futuro incierto y reconstruyamos junt@s el sistema educativo.
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Bibliografía
· Argentina. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa - DiNIECE. Anuario estadístico educativo. 2016. Disponible en: <http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2014/05/24/anuarios-estadisticos/>.
· Bottinelli, L., & Sleiman, C. (2015). Educación privada. Aportes para la discusión sobre las subvenciones públicas. Sociales en debate, (9).
· Castellani, A. (2018). Lobbies y puertas giratorias: Los riesgos de la captura de la decisión pública. Nueva Sociedad, (276), 48-61.
· Encuesta a docentes Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica (SEIE-ME) (2020). Ministerio de Educación de la Nación.
· Gottau, V.; Moschetti M. (2015)El Sistema educativo argentino entre la privatización interna y la privatización abierta: trayectorias divergentes y desigualdades. Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional, v. 10, n. 26.
· Krüger, N.; Formichella, M. M. (2012) Escuela pública y privada en Argentina: una comparación de las condiciones de escolarización en el nivel medio. Perspectivas, v. 6, n. 1.
· Ley, N. 26206/2006. Ley de Educación Nacional. Boletín Oficial. Argentina, 28.
· Morduchowicz, A. e Iglesias, G. (2011). Auge y avance de los subsidios estatales al financiamiento de las escuelas privadas en la Argentina. En Perazza, R. (Coord.), Mapas y recorridos de la educación de gestión privada en la Argentina (131- 164). Buenos Aires: Aique.
· Morduchowicz, Alejandro (2020) La educación privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: quién, cómo, dónde. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ; Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
· Rivas, A. (2010). La ruta hacia la justicia y la transparencia de los aportes estatales a la educación de gestión privada. Documento de Políticas Públicas, Recomendación, (86).
· Sigal, M. (2010) Subsidios estatales a las escuelas de gestión privada en la Ciudad de Buenos Aires. Falta de transparencia y profundización de desigualdades educativas. .
Alejandro Fernández Landoni
Es Profesor de Educación Primaria, Licenciado y Profesor en Ciencias de la Educación. Actualmente se desempeña como maestro de grado en la escuela 9 del D.E. 8° “Florentino Ameghino” y como profesor en los profesorados de nivel inicial y primario del Normal 1 y del Normal 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Maestrando en “Políticas Públicas en Educación” en la UNIPE. De vez en cuando escribe en el blog https://lanavedeteseo.wordpress.com/
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